Cerca de 30.000 ciudadanos de General Pueyrredon se ven imposibilitados de transitar cuando se interrumpe el tránsito en la zona. Realizaron una denuncia penal y conversaron con autoridades municipales y provinciales, pero no obtienen respuestas. "Estamos a la buena de Dios", aseguran.
El corte en la ruta 2 por parte de manifestantes que reclaman al Municipio convenios laborales y un bono navideño reavivó hoy un reclamo histórico de los vecinos del corredor norte de la ciudad, que denuncian desde hace años el perjuicio que les generan las protestas que incluyen interrupciones totales del tránsito en la zona.
Hace aproximadamente dos meses, vecinos de los barrios ubicados al norte de Mar del Plata, en conjunto con organizaciones, escuelas y demás instituciones, juntaron firmas para realizar una denuncia penal en la Justicia con el objetivo de evitar la realización de manifestaciones que corten el paso total sobre la ruta.
El argumento utilizado es que cerca de 30.000 vecinos del municipio ven afectado su derecho a circular, demorando sus llegadas en tiempo y forma a sus respectivos trabajos, turnos en el médico o demás obligaciones particulares de la vida cotidiana.
Este martes, y luego de un corte y acampe que duró cerca de 20 horas, volvieron a reclamar ante las autoridades de los poderes del Estado por medidas que garanticen su paso libre por la zona.
“Hace dos meses, cuando fue la protesta de la UTA, iniciamos una denuncia penal para evitar que organizaciones, cualquiera sean, corten la ruta de manera total. Esto no quiere decir que estemos en contra de que se manifiesten, sino en contra del corte total. Iniciamos todas las acciones legales: la denuncia penal con una cautelar y recurso de amparo, pero ahora estamos esperando la resolución del juez, que no avanzó absolutamente nada“, aseguró a LA CAPITAL, Vanesa Murillo, presidenta de la sociedad de fomento del barrio Las Margaritas.
Según señaló, cada vez que se realiza un corte de similares características y que los dejan varados dentro de sus propios barrios sin posibilidad de dirigirse hacia el centro de la ciudad, “se llama al fiscal de turno, pero no presta atención”.
“La policía necesita una orden judicial, ya sea para desalojar o para solicitar sí o sí un carril para permitir el paso, pero nadie de la Justicia quiere hacerse cargo”, indicó, al tiempo que destacó que los cordones policiales tampoco permiten el acercamiento de los vecinos a los manifestantes, para intentar al menos llegar a un acuerdo entre ellos que les permita el paso.
“Igual esto no sé si es mejor y peor, hay vecinos a los que los dejaron pasar, pero estamos a la merced de lo que ellos disponen. Personas que no conocemos, que no sé qué están pidiendo, que puede estar bien o mal su reclamo, pero que siempre nos dejan a nosotros sin nuestro derecho a circular, hay gente que tiene que ir a trabajar o al médico y pierde los turnos. No tenemos respuesta ni judicial ni político, porque ni Provincia o Municipio responden“, señaló.
Si bien aseguró que mantuvieron reuniones con autoridades municipales, entre ellos el intendente Guillermo Montenegro, Murillo indicó que no reciben respuestas concretas. “Nos dicen que es jurisdicción de Provincia, pero Provincia mira para otro lado. Es un ping-pong“, cuestionó.
En este sentido, aseguró que los vecinos se encuentran “a la buena de Dios” y, en muchas oportunidades, sin alternativas posibles. “Ahora también está cortada la ruta 11, y todos los caminos posibles de desvío están en pésimas condiciones”, agregó.
Por otra parte, aseguró que estas manifestaciones también afectan la circulación de los colectivos, dejando a los usuarios en puntos alejados y obligándolos a atravesar el corte a pie. “Ayer intentaron robarle la mochila a una criatura. La policía dice que están para cuidarnos, pero no los vigilan para ver qué hacen. Estamos inseguros y constantemente preocupados”, concluyó.